La verdadera revolución que necesita este país debe hacerse desde los estrados judiciales a fin de que todo operador de justicia, todo funcionario administrativo, todo funcionario de carácter policivo, todo miembro de las fuerzas militares, adquiera conciencia palmaria de su obligación de aplicar la ley de manera justa y equitativa para que sus determinaciones, sus decisiones, tengan la virtud de resolver los conflictos intersubjetivos de manera justa y adecuada para que podamos vivir en paz y en armoniosa convivencia, y además para que se cumplan los fines específicos que se han establecido en la organización social precisamente para la consecución y la felicidad y bienandanza de todos los ciudadanos de este país.
Ahora bien, si todo funcionario que ejerce un cargo en este país conoce y sabe cuales son sus funciones señaladas en la ley y las cumple a cabalidad, es evidente que el país cambiará, es seguro que llegará hasta la conciencia colectiva la enseñanza que genera la cultura de la civilidad y del acatamiento de la ley y de las determinaciones de los funcionarios que la aplican.
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